Miles de arrendadores venezolanos, que en el pasado se esforzaron para convertirse en propietarios de viviendas que luego alquilaron, ven depreciados todavía más sus patrimonios luego de la implementación del nuevo cono monetario, el cual eliminó cinco ceros al bolívar y, por tanto, ha hecho inviable que los inquilinos paguen los cánones de arrendamiento que ya eran irrisorios por el control que mantiene el gobierno en el contexto de la hiperinflación que afecta al país.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González Contreras, opinó que la situación de este importante subsector de las actividades inmobiliarias es un ejemplo claro de cómo los controles gubernamentales destruyen la confianza de los inversionistas e imposibilitan la oferta de servicios. “¿Quién va a construir para alquilar en Venezuela? Nadie. Desde hace años el Ministerio de Vivienda, a través de la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas, SUNAVI, ha mantenido congelados los arrendamientos en niveles absurdos mientras la inflación ha galopado en el país. Hay personas que pagan 70, 100, 500  o 1000 bolívares fuertes por el alquiler de un apartamento. Hay miles de arrendamientos que hoy en día se encuentran detenidos en esas ridículas cifras que no alcanzan ni para que el propietario pague el condominio. ¿Lo peor? Esas cantidades han incluso desaparecido con la implementación del nuevo cono monetario”.

Para el vocero del gremio inmobiliario, la dificultad de pagar el canon de arrendamiento es un efecto perverso de un sistema arbitrario en el que el gobierno controla las variables económicas, sin permitir que los actores lleguen a consensos que hagan viables las relaciones de alquiler. “¿No es tiempo de modificar este injusto tutelaje? ¿Alguien puede considerar admisible que con una de las nuevas monedas de 0,5 bolívares soberanos un inquilino pueda pagar, en algunos casos, hasta 40 años de alquiler?”.

González Contreras exhortó, en primera instancia, al cumplimiento del artículo 74 de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, lo cual permitiría actualizar el valor del metro cuadrado de construcción, algo que no se ha hecho desde el 20 de noviembre de 2012. Dijo, además, que es prioritario que se discuta la reforma total de esta ley para garantizar el derecho de propiedad de los arrendadores, el cual ahora está menoscabado por la normativa.

“Mientras exista una ley que beneficie a una de las partes y perjudique abiertamente a la otra, los alquileres de vivienda en Venezuela seguirán desapareciendo”, aseveró.

Añadió el líder gremial: “Uno de los grandes problemas de Venezuela es la falta de confianza que han generado leyes que restringen el derecho de propiedad privada. Por otra parte, las amenazas al sistema democrático, la devastadora hiperinflación y las condiciones de vida precarias de 80% de la población generan gran incertidumbre en todos los ciudadanos”.

El gobierno debe permitir el funcionamiento de los mercados, la oferta y la demanda, y necesita cambiar el rumbo de la economía conforme a la guía de verdaderos expertos, los cuales reiteradamente han recomendado no seguir en el camino de los controles, la persecución y el ataque a la propiedad privada, porque esa forma de gobernar es el origen de los males económicos de la república, concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Fuente: Prensa de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, 23 de agosto de 2018.